El artículo 1382 del código civil, que se ha convertido en el artículo 1240 desde la reforma del derecho de obligaciones que entró en vigor el 1 de octubre de 2016, conserva una redacción idéntica a la de 1804: “Todo hecho cualquiera del hombre, que cause a otro un daño, obliga a aquel por la culpa del cual ha ocurrido a repararlo.” La simplicidad de esta fórmula oculta una mecánica jurisprudencial que no deja de ramificarse, especialmente en terrenos que los artículos generalistas no abordan.
Oponibilidad del contrato a terceros: un cerrojo reciente sobre la acción delictual
La sala comercial de la Corte de Casación ha establecido, mediante una sentencia del 3 de julio de 2024 (n° 21-14.947), y luego confirmado el 17 de diciembre de 2025 (n° 24-20.154), un principio que redefine la articulación entre responsabilidad contractual y delictual. Un tercero a un contrato puede ahora verse opuesto a ciertos límites de la responsabilidad contractual cuando actúa sobre la base del artículo 1240.
Concretamente, un subcontratista o un socio comercial que sufre un perjuicio relacionado con el incumplimiento de un contrato del cual no es parte ya no puede sistemáticamente eludir las cláusulas limitativas de responsabilidad invocando la vía delictual. Observamos aquí un encuadre estricto de la opción de competencia, que obliga a los profesionales a analizar de antemano la cadena contractual antes de elegir la base de su acción.
Para profundizar el régimen del artículo 1382 del código civil en sus aplicaciones cotidianas, esta evolución jurisprudencial constituye un punto de inflexión: el terreno delictual ya no es una red de seguridad ilimitada.
Falta de la víctima y agravación del daño: lo que cambia la sentencia del 5 de junio de 2025
La tercera sala civil, en una sentencia del 5 de junio de 2025 (n° 23-23.775), ha precisado que la falta de la víctima que agrava su propio daño reduce su indemnización. El principio no es nuevo, pero su aplicación concreta evoluciona.
En materia de molestias anormales de vecindad, por ejemplo, un propietario que tarda en implementar medidas de protección o que modifica su bien agravando las consecuencias de la molestia verá disminuido su derecho a reparación. La función del juez se afina: ya no se trata solo de constatar una división de responsabilidad, sino de cuantificar precisamente la parte atribuible al comportamiento de la víctima en la agravación del perjuicio.
Recomendamos a los profesionales documentar sistemáticamente las diligencias realizadas por la víctima entre la ocurrencia del hecho dañino y la citación. Un expediente deficiente en este punto ofrece una oportunidad al adversario para argumentar la reducción de la indemnización.
Parasitismo económico y artículo 1240: una falta autónoma confirmada
El parasitismo económico sigue siendo un litigio activo ante la sala comercial. La jurisprudencia reciente confirma que constituye una falta autónoma sobre la base del artículo 1240, distinta de la infracción de derechos de propiedad intelectual. No es necesario disponer de un derecho de propiedad intelectual para actuar.
Una sentencia del 18 de marzo de 2026 ha reforzado la articulación procesal entre infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal cuando las dos acciones se basan en los mismos hechos. Esta aclaración tiene consecuencias prácticas directas:
- El demandante puede acumular los fundamentos en la misma instancia, siempre que demuestre un perjuicio distinto para cada causa de acción
- La ausencia de un derecho privativo (patente, marca, diseño) no cierra la puerta a una acción por parasitismo, siempre que el valor económico captado sea identificable
- El desprestigio en línea, calificado de competencia desleal, se rige por el mismo régimen y es objeto de un litigio creciente ante las jurisdicciones comerciales
Para las empresas, la estrategia litigiosa se construye en dos etapas: caracterizar primero la falta parasitaria (inversiones captadas, notoriedad desviada), y luego cuantificar el perjuicio económico independientemente de cualquier afectación a un título de propiedad intelectual.
Divorcio y artículo 1240: distinguir los fundamentos indemnizatorios
La primera sala civil, mediante una sentencia del 25 de marzo de 2026 (n° 24-10.557), traza una línea de división clara entre dos fundamentos. El artículo 266 del código civil repara el perjuicio derivado de la disolución del matrimonio, mientras que el artículo 1240 cubre los daños causados por hechos culpables cometidos durante la vida en común, independientemente del divorcio en sí.
Esta distinción tiene efectos concretos sobre la admisibilidad de las demandas:
- Los daños y perjuicios basados en el artículo 266 suponen que el divorcio sea declarado por culpa exclusiva del cónyuge, o que el demandante sufra consecuencias de particular gravedad
- Los basados en el artículo 1240 pueden referirse a violencias, maniobras fraudulentas sobre el patrimonio común o afectaciones a la vida privada, sin vínculo directo con los motivos del divorcio
- La acumulación de los dos fundamentos es posible, pero cada causa de perjuicio debe ser distinta y probada por separado
En la práctica, constatamos que muchas conclusiones aún confunden los dos regímenes, lo que conduce a rechazos parciales. La redacción de las demandas indemnizatorias exige un compartimentado riguroso de los hechos alegados y de los perjuicios invocados bajo cada fundamento.
Responsabilidad de los administradores judiciales: falta personal y límites de misión
La sala comercial también ha precisado las condiciones en las que un administrador o un mandante judicial incurre en su responsabilidad personal sobre la base del artículo 1240. Solo una falta separable de la misión legal da derecho a reparación a favor de los acreedores.
Este requisito protege al mandante contra acciones oportunistas de acreedores decepcionados por el resultado de un procedimiento colectivo. La falta reprochada debe exceder el marco normal del ejercicio de la misión: negligencia caracterizada en la verificación de las deudas, conflicto de intereses oculto, o inacción prolongada a pesar de una alerta documentada.
El litigio sigue siendo técnicamente exigente. La carga de la prueba de la falta personal recae sobre el demandante, y las jurisdicciones aprecian estrictamente el vínculo de causalidad entre esta falta y el perjuicio individual del acreedor, distinto del perjuicio colectivo tratado en el marco del procedimiento.
El artículo 1240 del código civil funciona hoy como una herramienta de geometría variable: sus aplicaciones se extienden desde el litigio comercial hasta el derecho de familia, con exigencias probatorias cada vez más finas. La tendencia jurisprudencial reciente restringe las condiciones de acceso a la vía delictual mientras confirma su vocación subsidiaria frente a situaciones que el derecho especial no cubre.
